El gran silencio

Por: Wallace

Publicado: 05 de marzo de 2015

Colombia ha sido catalogada, tanto a nivel nacional como internacional, como uno de los países pioneros en la inclusión de legislación ambiental. Desde la llamada época de la República, Simón Bolívar ya había decretado normas de conservación de los bosques[1]. En tiempos más cercanos, el famoso decreto 2811 de 1974 o “Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente” estableció un hito en la historia normativa del país. Una década antes, el Estado había creado el INDERENA y la creación de los parques nacional naturales y las áreas protegidas, mostraban un avance en materia de protección, no solo de los recursos, sino de los ecosistemas.

Pero tales acciones, parafraseando a Gaitán, mostraron la gran diferencia entre el país político-legislativo y el país real. En este sentido, los bosques y selvas son un ejemplo del divorcio entre lo que pensaban importantes grupos de personas (ahora llamados ambientalistas) y la realidad que vivían las zonas rurales y selváticas del país. Los datos muestran que la tasa de deforestación creció de 280.000 hectáreas por año entre 1990 y 2000 a 315.000 hectáreas por año entre 2000 y 2005, para luego caer a 238.000 hectáreas en el período de 2005 a 2010 (SIAC, 2011). Para 2013,  según el Ministerio de Ambiente, “En su primer informe anual sobre Deforestación, Colombia registró una superficie deforestada de bosque natural de 120.933 hectáreas entre enero y diciembre de 2013”[2]. Y preocupa que dicha información no sea correcta, como lo expresó la Universidad Nacional, que afirma “Según los expertos de la U.N., las estimaciones sobre pérdida de bosques primarios en Colombia, a través de toda su historia, arroja la cifra de 354.605 km2, es decir, un 31 % de la superficie boscosa original ya se perdió para siempre. Los cálculos de velocidades para el país muestran, por ejemplo, que entre 1940 y 1995 la tasa fue de 545.455 ha/año; entre 1960 y 2000, de 500.000; y entre 1970 y 2000, de 400.000 ha/año”[3].

¿Qué ha pasado con los bosques y selvas? O mejor, ¿qué ha pasado con quienes tiene por objetivo su preservación, aprovechamiento sostenible y promoción? No me refiero al estado y a los gobiernos, quienes se han mostrado incapaces de resolver un conflicto ecológico de altísima gravedad; tampoco de los autodenominados ambientalistas, quienes con un espíritu noble pero con desconocimiento de las dinámicas locales, en ocasiones aumentan la falsa disyuntiva entre desarrollo y ambiente. Son los ingenieros forestales, cuyo inicio como profesión en Colombia data del año 1953 y desde las universidades públicas, quienes en este momento crítico del país, están desaparecidos de la agenda pública.

Sus asociaciones, con un arduo trabajo, han intentado mantener a flote un tema que, de estar presente en las discusiones de política, sería más que una tabla de salvación, la mejor fórmula para destrabar dos aspectos muy relacionados: el mejoramiento de las condiciones ecológicas del país y los procesos que se desatarán en el postconflicto. Se estima que, según el Banco Interamericano de Desarrollo, si el crecimiento agregado de Colombia, así como de cualquier país latinoamericano, estuviera basado en la agricultura, este crecimiento sería 2,7 veces más efectivo en la reducción de la pobreza que un crecimiento del PIB no agropecuario. Además, que la contribución de la agricultura al aumento de los ingresos de los más pobres sería al menos 2,5 veces mayor a la del sector no agrícola. Si la excusa es que se requieren empleos en el corto plazo y que lo que necesitamos son empleos inmediatos para subsanar los que se pierdan por la caída de los precios en los commodities, entonces se debe empezar ya a trabajar en una política general de bosques y selvas para la paz.

El gran silencio en el que se encuentra el sector, no puede ser liderado únicamente por las grandes empresas madereras y reforestadoras; también, es necesario exponer las grandes potencialidades que en productos no maderables, recuperación de ecosistemas y preservación productiva de bosques, representaría el sector. El gran temor que se tiene por la expansión de la frontera agrícola cuando los ahora guerreros, generen al desmovilizarse, puede ser un punto de solución al conflicto socio ecológico, si se considera promover una política de bosques y selvas para los próximos 20 años.

Invito a los representantes del sector, en alianza con otros sectores que no establecen la falsa disyuntiva entre desarrollo y ambiente, a movilizar una gran alianza que revierta los daños causados y promueva una serie de soluciones al nuevo país que se está construyendo. No hacerlo o dejarlo en las manos equivocadas, sería un fracaso rotundo para quienes desde hace más de sesenta años nos venían enseñando que sin árboles, no hay manera de ver ningún bosque.

[1] http://www.acif.com.co/archivos/libros/libro_acif_vol1.pdf , p. 15

[2] http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/colombia-revela-su-primera-tasa-anual-de-deforestacion/

[3] http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/cifras-oficiales-sobre-deforestacion-en-el-pais-son-dudosas.html